Primer Informe de Gobierno

En el marco de una política de Estado centrada en el humanismo y la justicia social, se garantizan los derechos de los grupos históricamente vulnerados, con la restitución y reconocimiento pleno de sus derechos. Esta visión se materializa con la consolidación de los Programas para el Bienestar, que aseguran un ingreso básico a personas adultas mayores y con discapacidad; la implementación de programas con pertinencia cultural como los Semilleros Creativos para más de 13,900 niñas, niños y jóvenes; la ejecución de los Planes de Justicia para pueblos indígenas y afromexicanos; el registro del primer estatuto comunal en lengua Me´phaa y la garantía del derecho a la tierra para miles de mujeres rurales. Estas políticas focalizadas buscan desmantelar las barreras estructurales y asegurar que el acceso a la salud, la cultura y el trabajo digno sea una realidad tangible.

Paralelamente, se emprendió un robustecimiento integral de la reglamentación institucional para erradicar la discriminación y asegurar el acceso universal a la justicia. En este contexto, se capacitó a más de 162,000 elementos de las Fuerzas Armadas y miles de servidores públicos en materia de derechos humanos e igualdad, se crearon guías y protocolos para legislar y atender sin discriminación. En el ámbito de la justicia, se dio prioridad a la búsqueda de personas desaparecidas, fortaleciendo el Sistema Nacional de Búsqueda en diálogo permanente con los colectivos de familiares, se impulsaron mecanismos de justicia restaurativa como la Ley de Amnistía y los procesos de preliberación, consolidando un sistema que repara y protege la dignidad humana en todos los niveles de gobierno.

Caso Ayotzinapa: Medidas de Rehabilitación y Acceso a la Salud

En un esfuerzo interinstitucional para reestablecer los derechos humanos vulnerados en casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, Guerrero, se han implementado medidas de rehabilitación para garantizar el acceso a la atención médica, tanto para los alumnos sobrevivientes como para los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. De las acciones realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, destacan las siguientes:

• Atención a Estudiantes Sobrevivientes: se aseguró la atención integral y de tercer nivel de cuidados domiciliarios para uno de ellos y la coordinación de servicios de alta especialidad para otra víctima.
• Atención a Familiares: la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), monitoreó los servicios de los sistemas de salud estatales. Se brindaron 409 atenciones: consultas externas 322 (285  vez y 37 subsecuentes), 60 de atención nutricional, 11 consultas de especialidad, siete estudios de laboratorio, cuatro atenciones de urgencia, tres estudios de gabinete, y dos apoyos psicológicos.

Compromiso 9 Verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

• Como parte del compromiso con la verdad y la justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindó asesoría, representación y acompañamiento jurídico a sus familiares, que actualmente representa a 44 víctimas directas y 19 víctimas indirectas. • Se dio seguimiento jurídico a siete averiguaciones previas, 14 causas penales y una carpeta de investigación por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas. Asimismo, se representó a las víctimas en 247 audiencias ante diversos órganos jurisdiccionales, con el propósito de garantizar su derecho de acceso a la justicia. • Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2025, se emitieron 66 resoluciones por concepto de medidas de ayuda inmediata, resaltando 29 resoluciones por gastos médicos, que beneficiaron a 23 víctimas directas y 25 víctimas indirectas; 33 resoluciones por alimentación y alojamiento en beneficio de 33 víctimas directas y 28 víctimas indirectas; y 4 resoluciones por gastos funerarios que beneficiaron a 3 víctimas directas y 6 víctimas indirectas. • Desde mayo de 2023 hasta junio de 2025, se han brindado diversos servicios a los familiares de los estudiantes desaparecidos, incluyendo 611 atenciones en trabajo social (alimentación, alojamiento y gastos funerarios), 342 servicios terapéuticos y acompañamientos en psicología, 51 asesorías jurídicas en orientación legal, 144 servicios médicos (canalizaciones y gestiones de gastos médicos) y 428 acciones de traslados para facilitar la asistencia de las víctimas indirectas a reuniones en Palacio Nacional.

Estrategia Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura

Se llevaron a cabo las siguientes acciones para fortalecer la política nacional orientada a erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre las cuales se encuentran las siguientes:

• El Mecanismo para el Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizó cinco sesiones. Durante la instalación de su Comité Directivo, realizada el 15 de abril de 2025, participaron 55 personas funcionarias y actoras sociales relevantes.
• Del 23 al 27 de junio se llevó a cabo la Campaña Nacional “México Sin Tortura” 2025, cuyo objetivo fue difundir información sobre la investigación, sanción, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de estos delitos. Esta acción se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Tortura y en la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (26 de junio).

Erradicar Prácticas Discriminatorias

Con el objetivo de consolidar una sociedad igualitaria y garantizar la igualdad sustantiva, se implementaron políticas públicas para desmontar las prácticas de exclusión estructural que afectan a grupos históricamente discriminados. A continuación, se presentan las acciones más relevantes, desarrolladas entre octubre de 2024 y junio de 2025:

• 84,169 personas servidoras públicas e integrantes de la sociedad civil participaron en acciones de capacitación y sensibilización. Destaca la estrategia “El derecho a la igualdad y no discriminación en el servicio público, con un enfoque diferenciado” que a junio de 2025 impactó a 682 personas.1/ Además, se amplió la oferta educativa con un nuevo curso en línea sobre personas privadas de la libertad.
• Se promovió el derecho a la igualdad a través de campañas en redes sociales con 1,557 publicaciones, que alcanzaron más de 1.8 millones de impresiones; tres conversatorios del ciclo “Mis derechos me acompañan”; la canción “México es diversidad, inclusión y derechos”; la revista “Abrazando la diversidad”, con un tiraje de 30 mil ejemplares; y la publicación de seis artículos2/ sobre buenas prácticas en la Revista del Consumidor editada por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

1/ Secretaría de Marina, Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León, la Comisión de Equidad y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la Regiduría del Municipio de Monterrey, N.L., la Comisión Nacional Forestal y KIA Motors.2/ Los artículos se publicaron en las ediciones de octubre, noviembre y diciembre de 2024, y enero, marzo y mayo de 2025.

• Se presentó la “Guía para legislar contra la discriminación”1/ en el Honorable Congreso de la Unión y el “Protocolo de Atención Prioritaria, Accesible y de Calidad a Grupos Históricamente Discriminados”2/ ante representantes delas 32 entidades federativas. Además, se editaron ocho nuevas publicaciones como el cuadernillo “Las personas gitanas en México” del cual se distribuyeron 8,188 ejemplares.3/
• Se colaboró con diversos actores públicos y privados para promover entornos inclusivos y libres de discriminación, con los siguientes resultados:
  
  • Se brindaron 255 asesorías a centros de trabajo públicos y privados, lo que contribuye a una red de 694 centros certificados en el país, beneficiando a más de un millón de personas trabajadoras.
  • En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se realizaron tres "Jornadas por la Inclusión y la No Discriminación" en Chiapas, Ciudad de México y Nuevo León, dirigidas a 380personas servidoras públicas y periodistas.
  • Con el fin de fortalecer el marco jurídico para la protección de los derechos humanos, el Gobierno de México impulsó acciones para armonizar el marco normativo nacional con los estándares internacionales; además se emitieron 34 opiniones sobre proyectos legislativos federales y dos para el Congreso de la Ciudad de México, con el fin de garantizar una perspectiva de no discriminación jurídica.
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  En el ámbito internacional, se reforzó la agenda de derechos humanos de México en foros de alto nivel para promover los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, destacando los siguientes:
  • Participación en la V Reunión de la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente (RIAFRO) en Brasil para discutir el empoderamiento de la población afrodescendiente(noviembre de 2024).
  • Intervención en la sesión del Comité de los Derechos del Niño en la Ciudad de México para dar seguimiento a las recomendaciones al Estado mexicano (febrero de 2025).
  • Atención a la audiencia pública sobre la "Situación de derechos de mujeres trans en México" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Restitución de Derechos ante Actos de Discriminación

De octubre de 2024 a junio de 2025, el Gobierno de México realizó diversas acciones orientadas a garantizar la defensa de las personas frente a actos de discriminación, obteniendo los siguientes resultados:

Se brindaron 6,284 orientaciones y 7,927 acompañamientos; se iniciaron 164 expedientes de queja, se lograron221 acuerdos de conclusión y se verificó el cumplimiento de 201 medidas de reparación. Destaca la emisión de ocho resoluciones que ordenaron la reparación integral del daño a personas de grupos históricamente discriminados.

1/ Disponible en https://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/05/Guia_para_legislar.pdf

2/ Disponible en https://www.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/PROTOCOLO-DE-ATENCION.Ax_2024.pdf

3/ Disponible en https://www.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/9-Rrom-Digitalgita.Ax-2-1.pdf

​Políticas Públicas Contra la Discriminación

• El 16 de enero de 2025, en el marco de la Planeación Nacional, el Gobierno de México y el gobierno de Zacatecas organizaron el "Foro de las Personas con Discapacidad", que congregó a más de 1,400 personas. En este espacio se generaron más de 200 propuestas enfocadas en garantizar los derechos a la justicia, salud, educación inclusiva y vivienda accesible para este sector de la población.
• El 6 y 7 de mayo de 2025, se realizaron cuatro mesas de trabajo con dependencias de la Administración Pública Federal para elaborar el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND) 2025-2030. Las sesiones se centraron en los ejes de salud, educación y trabajo, así como en la transversalización del enfoque de igualdad para fortalecer la coordinación y combatir la discriminación estructural.

Garantía de Derechos para Pueblos Indígenas y Afromexicanos

La estrategia del Gobierno de México para erradicar la exclusión de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se hacentrado en fortalecer su marco jurídico para garantizar el reconocimiento de su libre determinación, autonomía, acceso a la justicia y la participación efectiva de las mujeres, superando el tradicional enfoque asistencial.

Reconocimiento de Derechos y Armonización Legislativa

• Del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, se avanzó en el fortalecimiento del marco jurídico y el reconocimiento de derechos culturales como base para una ciudadanía pluricultural.
  
  • Para garantizar los derechos lingüísticos y culturales, el 10 de diciembre de 2024 se publicó en el DOF, la traducción de la Reforma al artículo 2o. Constitucional en 64 variantes lingüísticas, un hito fundamental para el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales. Este esfuerzo, que da cumplimiento a un mandato constitucional, fue posible gracias a un riguroso proceso metodológico y la colaboración del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y 168 personas traductoras de 58 pueblos indígenas.
  • Para asegurar la calidad de las traducciones, se llevaron a cabo siete talleres preparatorios y de revisión técnica en cuatro entidades federativas.1/ Adicionalmente, para proteger el derecho a la salud y combatir la exclusión, se emitieron 29 opiniones técnico-jurídicas al Congreso de la Unión sobre iniciativas clave en la materia.
  • Para reconocer formalmente la partería tradicional, se emitió la NOM-020-SSA-2025. Esta regulación ordena su registro en el Registro Nacional de Partería (ReNaPa), su vinculación con los servicios de salud institucionales y la obligación del personal médico de respetar su ejercicio, en el marco de una atención intercultural y libre de discriminación.
  • Para garantizar la justicia en condiciones de igualdad, el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI apoyó a 759 intérpretes y traductores en 2,998 diligencias judiciales y administrativas. Adicionalmente, se facilitó la excarcelación y plena libertad de 27 personas indígenas y afromexicanas, asegurando así el respeto a sus derechos.
  • Para promover el desarrollo con pertinencia cultural y la autonomía, se financiaron, a través del PROBIPI, 116proyectos comunitarios para el ejercicio de derechos y, en especial, de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas. En materia de acceso de personas indígenas y afromexicanas a los servicios de médicos de tercer nivel, se brindó acompañamiento a 326 pacientes.

1/ Chiapas, Campeche, Oaxaca y la Ciudad de México.

Pueblos Indígenas y Posesión de la Tierra

Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la implementación de los Planes de Justicia y Desarrollo Regional avanzó mediante 41 acciones de coordinación y tres Mesas Interinstitucionales Agrarias. En este periodo, se logró un hito jurídico al registrar el primer estatuto comunal en lengua indígena (Me'phaa), y se autorizó el Libro de Registro XIII1/para dar certeza jurídica sobre las tierras de los pueblos. Además, se garantizó la participación de 416 comunidades en Chihuahua en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a través de 446 asambleas que involucraron a 416 comunidades indígenas Rarámuri, Guarijío, Pima y Tepehuano del Norte.

Impulso a la Titularidad de la Tierra para las Mujeres

De octubre de 2024 a junio de 2025, se promovió la autonomía económica y la seguridad jurídica de las mujeres rurales como propietarias de tierra, con un total de 7,454 beneficiarias en todo el país, a través de las siguientes acciones:

• Reconocimiento de Derechos Agrarios:​ Se garantizó la titularidad de la tierra para 2 mil mujeres del pueblo O’dam en Santa María de Ocotán, Durango.
• Acceso a la Justicia Agraria: Se promovieron 4,352 juicios sucesorios para asegurar que las mujeres heredaran la titularidad de la tierra y 488 juicios diversos en favor de mujeres, además de formalizar 270 cesiones de derechos y 344 cambios de calidad agraria.
• Herramientas con Perspectiva de Género: Se diseñó y publicó la Guía Manahuia,2/ una herramienta técnica para crear políticas de transporte y desarrollo urbano con un enfoque de género y cuidados, fomentando la participación de sectores históricamente excluidos.

​Salud Incluyente y sin Discriminación

Para garantizar el derecho a la salud sin discriminación, el Modelo de Atención a la Salud con Mecanismos Incluyentes(MoASMI) obtuvo los siguientes resultados a nivel nacional de octubre de 2024 a junio de 2025:

• ​Se distinguió a 11 Unidades de Salud en siete entidades federativas por la implementación exitosa del modelo.
• Se otorgaron 22,325 turnos a través de ventanillas incluyentes, garantizando atención rápida y de calidad a grupos de atención prioritaria.

1/ El libro XIII de registro de Pueblos y Comunidades Indígenas, es un documento físico donde se inscribe y se asienta de forma ordenada y sucesiva la información relevante derivada del Decreto a inscribir, a través de la fe pública registral se validan actos y documentos, otorgándoles presunción de veracidad y legalidad ante la ley, por lo que el registro o inscripción determina libremente su condición política y carácter jurídico, en ejercicio de su libre determinación para asegurar la implementación y el respeto irrestricto de susderechos.2/ Guía Manahuia. Recomendaciones para transitar hacia un transporte de cuidados: con énfasis en elementos de seguridad, inclusión y accesibilidad en el transporte público de baja y mediana capacidad. Disponible en:https://situ.sedatu.gob.mx/wa/publico/getDocumento/6336b8ab-fa3c-44a6-bab1-cf6e90f15f70.pdf

• ​Se realizaron 7,073 atenciones con insumos especializados para personas con discapacidad, se brindaron 501apoyos de traducción a hablantes de lenguas indígenas y se instaló señalética en Braille.
• Se capacitó a 394 personas sobre sus derechos en salud, de las cuales el 56% pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.

​Estrategias para Asegurar un Sistema de Justicia Expedita

El Gobierno de México impulsó estrategias prioritarias en materia de amnistía y preliberación para fortalecer la justicia social y restaurativa. De las acciones realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025, destaca lo siguiente:

Amnistías

En el marco de la Ley de Amnistía y de la Comisión de Amnistía, integrada por las secretarías de Gobernación, SSPC, Bienestar, de las Mujeres y el INPI, se logró que el Poder Judicial emitiera 12 resoluciones favorables a partir de solicitudes previamente calificadas como procedentes por este cuerpo colegiado.

• Al 30 de junio de 2025, 15 entidades federativas ya cuentan con su Ley de Amnistía,1/ misma que al 30 de junio de2025 ya cuenta con 27 traducciones,2/ en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas

Gestiones para la Preliberación

En el marco del Acuerdo Presidencial del 25 de agosto de 2021, se continuó el proceso de preliberación para personas privadas de la libertad en situaciones de alta vulnerabilidad, tales como adultos mayores, enfermos crónico-degenerativos o terminales, víctimas de tortura acreditada y quienes no recibieron sentencia en los plazos constitucionales. En esta materia destacan los siguientes logros:

• Se realizaron 1,684 diligencias para integrar y sustentar las peticiones de preliberación, aplicando una perspectiva de género y de derechos humanos.
• El 19 de mayo de 2025, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Permanente de Seguimiento, se aprobaron 147resoluciones, tres de ellas se determinaron procedentes para ser presentadas ante la autoridad judicial competente y solicitar la concesión de la libertad.

Fortalecer los Sistemas Normativos y la Jurisdicción Indígena

Para fortalecer la jurisdicción indígena, el 12 de mayo de 2025 se sostuvo una reunión con representantes del Consejo Indígena Ciudadano de Nahuatzen, Michoacán, para atender su solicitud de reconocimiento como autoridad comunitaria y la transferencia directa de recursos públicos.1/ Durante el encuentro se reafirmó la disposición institucional de acompañar procesos futuros en respeto a los sistemas normativos internos y de promover mecanismos de diálogo entre el Estado y los sistemas de gobierno indígena.2/

1/ Baja California, Campeche, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

2/ Las primeras18 traducciones fueron en las siguientes lenguas: Ch'ol del Noroeste, Maya, Mazateco, Mixteca, Náhuatl de la Sierra, Noreste de Puebla, Otomi Ñhañhu, Otomi (N’ÑÜHÜ) Variante de la Sierra Huasteca Baja Veracruzana, Tseltal del Occidente, Tsotsil del Noroeste, Tutunakú de la Sierra, Zapoteco de los Valles Centrales, Chinanteco de Ojitlan (JÚ JMI KÏ TSA KÖWÏ), Náhuatl de la Huasteca Veracruzana, Náhuatl de Mecayapan, Popoluca de la Sierra, Tepehua (LHIMASIPIJ) de la Sierra Norte del estado de Veracruz, Tutunaku de la Costa y Zapoteco de la Planicie Costera del Istmo de Tehuantepec.

   En diciembre de 2024, mediante 47 proyectos financiados de implementación de derechos, a través del PROBIPI,se promovió la reconstitución comunitaria, centrados en promover el reconocimiento y fortalecimiento de lasautonomías comunitarias en sus territorios, sistemas normativos, autoridades y representación comunitaria, con lafinalidad de trascender al municipal o regional; asimismo, se fortalecieron los sistemas normativos de 359comunidades indígenas y afromexicanas ubicadas en 11 entidades federativas.3/

Entre enero y junio de 2025, se apoyaron a 18 comunidades indígenas en ocho entidades federativas,4/ paradesarrollar proyectos orientados al reconocimiento, ejercicio y fortalecimiento de sus sistemas normativos internos,a la reconstitución de su tejido comunitario; al fortalecimiento de su gobernanza y a la actualización de susinstrumentos normativos. Asimismo, con el objetivo de contribuir al reconocimiento y respeto de los sistemasnormativos y jurisdicción indígena, así como para promover el diálogo y coordinación entre dicho sistema y el jurídicoestatal, se elaboraron cinco informes especializados sobre sistemas normativos indígenas en Chihuahua, Ciudad deMéxico y Oaxaca,5/ y se emitieron 11 dictámenes antropológicos que respaldan los procesos de validación y elreconocimiento de sus formas propias de organización y justicia.6/

Participación de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en la Toma deDecisiones

El Consejo Nacional de Pueblos Indígenas se ha constituido como un espacio plural de colaboración, asesoría,consulta y enlace para garantizar y fortalecer el derecho de participación y representación política de los Pueblos yComunidades Indígenas y Afromexicanas en la vida pública nacional. En su tercera sesión ordinaria celebrada el 17de diciembre de 2024, se aprobó el Plan de implementación de la Reforma Indígena y Afromexicana. Alineado con elPND 2025-2030, contempla seis estrategias fundamentales para el logro de la plena implementación de la reforma;la traducción de la Reforma Constitucional en lenguas indígenas; la elaboración de la Ley General de Derechos de losPueblos Indígenas y Afromexicanos; procesos legislativos de armonización en el ámbito federal y estatal; reformasal marco institucional en los tres órdenes de gobierno; y mecanismos de presupuesto directo de los Pueblos yComunidades Indígenas y Afromexicanas.

    En ese contexto, fue aprobado el Protocolo del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre el Proyectode Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el cual fue ratificado en lassesiones de trabajo celebradas el 28 de febrero y el 23 y 24 de mayo del presente año.

   En el marco del PROBIPI, en diciembre de 2024 se concluyó la implementación de dos proyectos dirigidos alfortalecimiento de la participación política de comunidades indígenas: uno en la Región P’urhépecha del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, y otro en las comunidades Mayas de Xocén, Popolá, Yalcobá, Chulután y Chemax ubicadas enYucatán y Chan Chen en Quintana Roo.

1/ Fundamentada en las sentencias JDC-035/2017 y JDC-021/2019 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2/ Durante la sesión se informó que, de acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Electoral de Michoacán, una Asamblea Generalrealizada por la comunidad resolvió no renovar el Consejo Indígena, por lo que con esta decisión se dio por concluido el conflicto electoralen términos jurídicos.

3/ Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México.

4/ Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

5/ Uno en Chihuahua, dos en la Ciudad de México y dos en Oaxaca.6/ Uno en Baja California; uno en Chiapas; uno en el Estado de México; seis en Oaxaca y dos en Yucatán.

    Como parte del Plan de Justicia del pueblo P’urhépecha, anunciado el 1 de mayo de 2025, se realizó un encuentrointerinstitucional con la participación de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, el INPI, la ComisiónNacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y autoridadescomunitarias, en el marco de su reconocimiento del derecho a la autonomía organizativa y los mecanismostradicionales de representación política de las comunidades indígenas. Como resultado, en ese mismo mes seinstalaron mesas de trabajo con las comunidades de Huáncito, Santo Tomás, Sevina, San Ángel Zurumucapio,Pichátaro y San Isidro Tupakua, en Michoacán, para avanzar en el fortalecimiento de su autonomía política y sistemasrepresentativos.