Políticas, Programas y Recursos Presupuestales Dirigidos a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
El reconocimiento y garantía de los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas se establece como una prioridad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030, a través de la incorporación de un eje transversal que orienta la acción pública hacia un modelo más equitativo, incluyente e intercultural. El Gobierno de México promueve la creación y consolidación de mecanismos de asignación presupuestal directa, que permitan a estos Pueblos y Comunidades ejercer sus derechos colectivos, con base en sus propios modelos de desarrollo, sistemas normativos y modelos de gobernanza. Este objetivo implica avanzar desde una lógica de atención asistencial hacia un enfoque de corresponsabilidad institucional, en el que las decisiones públicas se tomen de manera paritaria, participativa y desde los propios territorios.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2o. de la CPEUM y para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas el PND 2025–2030, como principal instrumento de planeación nacional, les reconoce, por primera vez, como sujetos de derecho público, con capacidad plena para construir su propio desarrollo y bienestar. Este hecho constituye un precedente histórico, ya que no solo se promueve la ejecución de acciones públicas focalizadas en su atención, sino que se busca que estas respondan a las necesidades regionales y comunitarias, con respeto a sus cosmovisiones, valores y tradiciones y en permanente coordinación con sus sistemas normativos y autogobiernos, a través de sus autoridades y representantes.
El PND fue resultado de un proceso participativo sin precedentes, que incorporó las voces de 68 Pueblos Indígenas y Afromexicanos y dio lugar a la integración de un Eje Transversal sobre sus derechos que establece como prioridad nacional una transformación estructural del Estado mexicano, en el que su autonomía y libre determinación sean los principios fundamentales para la ejecución de políticas y programas de gobierno.
Para su consolidación, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, se elaboran el Programa Institucional del INPI 2025–2030 y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (PEPIA) 2025-2030, como instrumentos específicos de planeación que establecen los objetivos, estrategias y acciones concretas por parte de dependencias y entidades federales para su cumplimiento.
Otro aspecto relevante ha sido el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CNPCIA), el cual, a través de su última actualización, realizada por el INPI y publicada el 21 de febrero de 2025,1/ presenta información de 16,114 comunidades pertenecientes a 70 Pueblos Indígenas y el Afromexicano, en 28 entidades federativas 2/ y 1,392 municipios.
La finalidad de este catálogo es reconocer a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas con base en sus principales instituciones políticas, territoriales, económicas, sociales y culturales, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y promover el ejercicio de su libre determinación y autonomía. Asimismo, se constituye como un insumo fundamental para la elaboración de políticas, programas, obras y acciones públicas de los tres órdenes de gobierno con pertinencia cultural, propiciar la articulación política para la reconstitución de los pueblos, y contribuye a visibilizar sus culturas, valores y formas de organización y sistemas normativos en la estructura y funcionamiento del Estado y de la sociedad mexicana.
1/ Disponible en: https://catalogo.inpi.gob.mx/
2/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Política Nacional para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos consolida los principios de igualdad, inclusión y pluralidad jurídica, al reconocer la especificidad del pueblo afromexicano y el lugar que ocupa en la diversidad cultural. Este proceso representa un avance sustantivo hacia una política nacional con perspectiva intercultural, orientada a saldar deudas históricas, fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos y establecer prioridades nacionales acordes con los compromisos constitucionales y los estándares internacionales que permitan la conformación de una política nacional para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El 11 de diciembre de 2024, a través de la SEGOB y el INPI, se instaló el Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual es una instancia de coordinación de políticas públicas entre las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en beneficio de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su desarrollo integral, intercultural y sostenible. Por su parte, continúan los trabajos de institucionalización del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas para que cuente con los canales de diálogo idóneos que representen, de forma plena, la organización comunitaria, bajo los principios de libre determinación y autonomía, para la formulación de propuestas y vigilancia de las políticas, programas y acciones del Gobierno de México que inciden en la vida de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.