Libre Determinación, Autonomía y Autogobierno de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
El derecho a la libre determinación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es un principio fundamental reconocido en la CPEUM e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este derecho es una facultad colectiva preexistente que otorga a los pueblos la capacidad de decidir libremente sobre su organización política, social, económica y cultural. En este contexto, el Gobierno de México impulsa el fortalecimiento de los procesos de autonomía indígena y la consolidación de los sistemas normativos y de gobierno tradicional, reconociéndolas como formas legítimas, eficaces y culturalmente pertinentes de organización comunitaria y administración de justicia. El reconocimiento del pluralismo jurídico en México, refleja la diversidad normativa del país, además, representa una vía para garantizar el acceso efectivo a la justicia, combatir la impunidad, reconstruir el tejido social y fortalecer la paz comunitaria.
El 20 de mayo de 2025, se realizó una reunión con representantes del Consejo de Comunidades en Resistencia del estado de Oaxaca, para atender las problemáticas de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad. En el encuentro, se presentaron demandas relacionadas con el acceso a servicios básicos (agua potable, electricidad y atención médica) y la situación de familias desplazadas; dichas solicitudes fueron canalizadas ante las instancias competentes, con respeto a los derechos humanos y al autogobierno comunitario.
A través del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), se suscribieron 204 convenios de concertación para fortalecer los sistemas normativos y de jurisdicción indígena en comunidades del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Oaxaca.
De abril a junio de 2025 se otorgaron ocho apoyos por un monto de 5.74 millones de pesos a comunidades de Campeche, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Michoacán, para la elaboración de estatutos comunitarios, el fortalecimiento de la organización comunitaria y regional para la autonomía indígena y la gestión para el reconocimiento legal como municipios indígenas.
Reconocimiento y Respeto de los Sistemas Normativos y la Jurisdicción Indígena
En marzo de 2025 se implementó la Estrategia de Construcción de Paz en Villas de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán, para atender contextos de inseguridad desde un enfoque integral que consideró el respeto a la autonomía comunitaria y la garantía de sus derechos fundamentales. Se realizaron brigadas de salud, bienestar y servicios comunitarios para fortalecer la presencia institucional, promover la confianza ciudadana en las autoridades y sentar las bases para una mejor articulación entre la justicia estatal y los sistemas normativos comunitarios.
En enero de 2025 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se incorporaron comunidades indígenas a programas prioritarios de adquisición y abasto social de leche de LICONSA y de Alimentación para el Bienestar; se instaló infraestructura básica, incluyendo cabinas telefónicas gratuitas de CFE Telecomunicaciones, y la organización de asambleas comunitarias para favorecer la construcción de acuerdos locales.
Para promover el acceso de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas a la jurisdicción del Estado, bajo una perspectiva intercultural, de pluralismo jurídico y respeto a sus cosmovisiones y especificidades culturales, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2025, se realizaron las siguientes acciones:
- Se brindaron apoyos económicos para la liberación de 27 personas indígenas (cuatro mujeres y 23 hombres) privadas injustamente de su libertad;
- Se garantizaron los derechos lingüísticos de personas indígenas en diligencias judiciales y administrativas mediante 2,998 servicios de interpretación o traducción;
- Se apoyó la presentación de un peritaje en materia de contabilidad, en beneficio de la comunidad indígena Rancho Castillo en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, y
- Del 1 de enero al 30 de junio de 2025, a través de la operación del Programa de Mejoramiento Urbano, se recibieron 200 solicitudes de apoyo para la vertiente de infraestructura y equipamiento, provenientes de 24 entidades federativas y 172 municipios, para atender espacios públicos con necesidades de infraestructura y equipamiento que permitan promover la igualdad sustantiva y prevenir la delincuencia.
Consulta Previa, Libre e Informada, así como el Consentimiento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Decisiones Legislativas o Administrativas
A través de la SEGOB y el INPI se ejecutan tres procesos formales de consulta indígena: en Sonora, se reactivó la consulta al Pueblo Yaqui respecto a la manifestación de impacto ambiental y los volúmenes de agua del proyecto Acueducto Independencia; en Sinaloa, se desarrolló la consulta a comunidades Yoreme-Mayo, en el contexto del proyecto Vista Pacífico LNG. y en el Istmo de Tehuantepec, se dio inicio al proceso de consulta sobre el proyecto de hidrógeno verde HELAX, con la participación de comunidades Zapotecas.
Por conducto del INPI, se emitieron dictámenes e informes a las diferentes instancias de gobierno, sobre el ejercicio del derecho de consulta libre, previa e informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, respecto de medidas administrativas específicas en materia energética, infraestructura, protección del medio ambiente, recursos naturales, la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas y Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, entre otros. De estos, uno fue en sentido favorable al garantizar el derecho de consulta a la comunidad indígena Otomí de San Clemente ubicada en Pedro Escobedo, Querétaro, sobre el proyecto de transporte público ferroviario denominado Proyecto México–Querétaro.
Asegurar la Participación y Representación Política de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas
En el marco de la Segunda Reunión del Comité de Selección, Seguimiento y Resultados del Programa Delegación Juvenil en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada el 21 de mayo de 2025 en la Ciudad de México, se abordaron aspectos clave para fortalecer la representación política y participación de las juventudes indígenas y afromexicanas en espacios internacionales; asimismo, se discutieron y establecieron criterios claros para la acreditación del vínculo comunitario, incluyendo el aval de autoridades tradicionales, con el fin de proteger la identidad y evitar usurpaciones. También se ajustó la narrativa de la convocatoria para no excluir a comunidades no registradas en el CNPCIA vigente. Destaca el acuerdo para ampliar el rango de edad para la participación de las juventudes de 18 a 27 años, como una acción afirmativa que busca asegurar un acceso más inclusivo y equitativo.
Recursos Naturales de los Pueblos y Derechos Territoriales
En seguimiento al mandato de la Comisión Presidencial para la Restitución de Tierras a la Comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, municipio de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, el 7 de febrero de 2025 se llevó a cabo una reunión con la participación de autoridades comunales, gubernamentales y personal técnico, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con la restitución de tierras al Pueblo Wixárika.
- Respecto a los mecanismos efectivos de restitución y defensa de tierras tradicionales, el 27 de febrero de 2025, se sostuvieron audiencias de conciliación con posesionarios ante el Tribunal Unitario Agrario No. 16, para su incorporación al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural a cargo de la SEDATU.
En mayo de 2025, se atendieron conflictos territoriales y de recursos naturales en Guerrero, Morelos y el Estado de México. Destaca el caso para atender el conflicto agrario entre el ejido Buena Vista en San Luis Acatlán y ejido Zitlaltepec en Metlatónoc, ambos del Pueblo Mixteco (Ñuu Savi), en el estado de Guerrero, donde se participó en una reunión interinstitucional convocada en el Registro Agrario Nacional.
Respecto a la controversia por el uso del manantial Amapola entre la comunidad Nahua de Cuentepec en Temixco, Morelos y la comunidad Tlahuica de San Juan Atzingo, Estado de México, en reuniones interinstitucionales con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional Forestal y gobiernos locales, se reafirmó que el agua es un derecho humano y se rechazó cualquier condicionamiento económico.
En el marco del PROBIPI, en diciembre de 2024, con la ejecución de 52 proyectos de implementación de derecho se brindó atención a reivindicaciones vinculadas con el acceso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales, en beneficio de 132 comunidades indígenas y afromexicanas de 13 entidades federativas.1/ Asimismo, del 1 de abril al 30 de junio de 2025, se brindaron apoyos a 19 comunidades indígenas y una afromexicana para la ejecución de 20 proyectos de implementación de derechos orientados a impulsar el pleno ejercicio de acceso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales en 10 entidades federativas.2/
1/ Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Veracruz.
2/ Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Oaxaca.
Como resultado de la Mesa sobre Justicia Territorial y Agraria, instalada en el marco de la implementación del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, se concretó el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la región. Para fortalecer la propiedad comunal tradicional se realizó la entrega de cuatro Decretos que reconocen y titulan este tipo de propiedad en las comunidades Rarámuri de Bosques de San Elías Repechike, municipio de Bocoyna, por una superficie de 693-44-96 hectáreas; Guasachique, municipio de Balleza, por una superficie de 1,485-30-58 hectáreas, y Mogótavo, en el municipio de Urique, por 317-88-89.82 hectáreas; así como la comunidad de Mesa Colorada perteneciente al Pueblo Ódami en el municipio de Guadalupe y Calvo, por 502-28-82 hectáreas.
Se firmó el Decreto por el cual se reconoce y confirma la posesión legítima a la comunidad Wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan, en los estados de Jalisco y Nayarit, sobre una superficie de 5,956-36-54.474 hectáreas.