j. Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos
La grandeza cultural y la presencia viva de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas fueron reconocidas como parte esencial del proceso de transformación de la República. Se asumió como principio rector su reconocimiento como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como titulares del inalienable derecho a la libre determinación, conforme al marco jurídico nacional e instrumentos internacionales en la materia. Este enfoque profundizó la transición hacia un modelo basado en el respeto a su autonomía, instituciones propias y formas de vida comunitaria, dejando atrás las políticas integracionistas, paternalistas y discriminatorias que prevalecieron durante décadas. En este contexto, se promovió una visión de Estado pluricultural e incluyente, en la que la diversidad cultural es un valor constitutivo de la Nación.
Para avanzar hacia una sociedad justa y plural, se garantizó el respeto de sus derechos colectivos, preservando su riqueza cultural, lingüística y conocimientos ancestrales. Con el propósito de establecer un marco normativo coherente para el ejercicio efectivo de sus derechos. Se impulsaron acciones integrales en los ámbitos jurídico, programático y presupuestal, incluyendo la armonización jurídica y el diseño participativo de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025 se instalaron siete sesiones del Comité Técnico Asesor, así como 50 reuniones de trabajo interinstitucional para la elaboración de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos; asimismo, se establecieron por primera vez en la historia de México, mecanismos presupuestarios para el ejercicio directo de recursos públicos por parte de comunidades indígenas y afromexicanas.